La Fiscalía impuso medida de aseguramiento, no privativa de la libertad, contra Edgar Augusto Gallego por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros debido a presuntas irregularidades en un contrato para la atención de la emergencia por el COVID-19.
Por ahora Gallego podrá continuar en el cargo mientras no sea privado de la libertad, es decir que la medida de aseguramiento sea ejecutoriada.
En el mismo proceso fueron cobijados con detención domiciliaria Daniel Fernando Alcaraz, Secretario de Salud, Hugo Aldemar Suárez, Secretario de Planeación y supervisor del contrato, y el contratista Julián Andrés García.
El contrato que los tiene enredados al parecer se celebró sin cumplir con todos los requisitos legales y su objeto era la prestación de servicios para el apoyo a la gestión en actividades logísticas, operativas y asistenciales para la atención de la emergencia con foco en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad mediante herramientas TIC.
