Muy temprano en la mañana del domingo 16 de agosto, personal de la Policía Nacional ingresó a la mina La Rubiela con el objetivo de realizar un allanamiento. De acuerdo a información entregada por los mineros tradicionales que se encontraban allí laborando, sin ninguna orden de autoridad judicial, solo con la fuerza y poder que les da el uniforme, las armas y los vehículos con insignias oficiales, procedieron a retirarlos a todos del lugar.

«Esto es la continuación de la persecución a la que nos tienen sometidos desde hace varios años», indicó uno de los mineros con quien pudimos comunicarnos antes de que les prohibieran hacer uso de sus teléfonos celulares. Al igual que se lo prohiben al personal de vigilancia privada. En su página de Facebook, la Mesa Minera Segovia – Remedios publicó: «Se prenden las ALERTAS a esta hora realizan allanamiento en la unidad Minera La Rubiela».

«¿Qué se busca con este allanamiento? ¿Por qué el mal procedimiento? ¿Responden las autoridades del Estado a los intereses particulares de la multinacional?». Estas preguntas se las plantean los mineros que hoy ven afectado su trabajo.

Ante la persecución de la que es víctima la unidad minera La Rubiela, la Mesa Minera expresó hace unos meses que la Fiscalía está usando «el derecho penal como un instrumento de fuerza y coacción para desalojarnos del territorio y acabar con nuestra minería tradicional. Las teorías de los casos expuestas por la Fiscalía denotan un patrón sistemático de violación de Derechos Humanos a través de la judicialización».

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