En el marco de las investigaciones que se adelantan por actos de corrupción en contratos celebrados para atender la situación epidemiológica causada por el coronavirus, la Policía Nacional en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, capturó en los municipios de Itagüí y El Retiro – Antioquia, a tres mujeres entre ellas dos funcionarias públicas, que habrían permitido que se generaran sobrecostos en contratos para atender la pandemia por Covid-19.

Durante el proceso investigativo, se realizaron varias entrevistas judiciales, inspecciones al lugar de los hechos, estudios forenses de mercado y análisis contables que permitieron obtener suficientes elementos materiales de prueba que conllevaron a la captura de dos funcionarias públicas, quienes laboraban en la Secretaria de Hábitat y Desarrollo Territorial, y en la Secretaria de Bienestar Social y Participación Comunitaria del municipio El Retiro – Antioquia.

Los análisis arrojaron información específica que evidenciaron el sobrecosto promedio de un 140% en los víveres adquiridos mediante la contratación pública, mientras que el estudio forense de mercados fue contundente al describir que los productos adquiridos poseían un mayor valor que los precios originales.

Se trataban de víveres para armar paquetes alimentarios de primera necesidad que fueron entregados a las familias vulnerables del municipio; entre los que se encuentran arroz, pasta, leche, entre otros. Llamó la atención la leche, que tiene un costo de adquisición para la empresa contratista por litro de $1.733 y que fue vendido a la alcaldía por un precio promedio de $4.297.

En el municipio de Itagüí fue capturada la representante legal de la empresa quien a través de su establecimiento comercial y teniendo en cuenta la celebración del contrato, vendió víveres con un sobrecosto de hasta el 140%. 

Las tres capturadas fueron presentadas ante el juez primero promiscuo municipal de garantías del municipio El Retiro, quien dio legalidad a las capturas y les imputó en esta misma audiencia los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y a favor de terceros y falsedad en documento público. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento domiciliaria, pero por orden del juez fueron dejadas en libertad. Eso sí, no podrán salir del país, ni enajenar bienes y deberán presentare continuamente a las citaciones judiciales y audiencias públicas solicitadas por el despacho judicial.

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