Garantizar y mejorar las condiciones habitacionales y la calidad de vida de la población carcelaria a través de vigencias futuras excepcionales, es el objetivo del Proyecto de Acuerdo 131 de 2023, socializado por la Administración municipal en plenaria.
Al respecto, el concejal Lucas Cañas Jaramillo, coordinador de ponentes, explicó que las condiciones de los sindicados son deplorables, pues no se cuenta con los lugares necesarios para garantizar su integridad, contando con niveles de hacinamiento preocupantes. Se necesita resocialización y dignidad humana en las cárceles, añadió.
La construcción de la cárcel para sindicados es una solución que permite empezar a transitar hacia un nuevo modelo en las penitenciarías de la ciudad, además, con la intervención de los privados, se puede empezar a repensar este modelo y tener en cuenta que las condiciones en las que viven estas personas afectan la seguridad en Medellín, explicó el Corporado.
Indicó que en la actualidad 102 policías cuidan 27 estaciones sin capacidad operativa para salir de esos lugares a atender y resolver los problemas del crimen organizado en la ciudad.
Por su parte, el cabildante Luis Bernardo Vélez, afirmó que estos proyectos traen grandes beneficios a nivel financiero y social en temas de política penitenciaria. A diario las condiciones carcelarias se vuelven más dramáticas con respecto a las situaciones que viven estas, aseveró el corporado quien agregó que el reto no es solo en términos de descongestión y hacinamiento, sino también en rehabilitación y resocialización en las pues actualmente se hace imposible financiar y ejecutar estas tareas en las estaciones de Policía.
Tenemos la obligación de construir una cárcel para sindicados como responsabilidad de gobiernos nacionales, pues es un proyecto que se trasladó en el Plan de Desarrollo que fue aprobado en el Concejo de Medellín, agregó.
Diferentes Corporados expresaron que existe la necesidad latente de construir la cárcel incorporando nuevas aristas que hagan efectiva la prevención del delito, teniendo en cuenta razones objetivas de ejecución y socialización del proyecto, para evitar nuevamente el hacinamiento en esta. El problema de la criminalidad debe ser tratado con una reforma de justicia que tengan más recursos, las vigencias futuras deben garantizar que el presupuesto se incluya al año siguiente para proceder con el proceso de contratación en enero del año próximo.
La cárcel metropolitana debe sostenerse operacionalmente, ser costeada y garantizar el operamiento por parte de los municipios, pues la corte obliga a los municipios como Medellín a tener cárceles para sindicados, afirmaron.
En contraste, cabildantes de la oposición manifestaron la importancia de profundizar en el estudio de este proyecto teniendo en cuenta la capacidad financiera que este conlleva, pues no se pueden aprobar vigencias futuras sin ver su ejecución y trazabilidad.
En su intervención, el secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo Ossa, manifestó que esta cárcel mejoraría las condiciones de habitabilidad para las personas privadas de la libertad y por ende, garantiza sus derechos. Igualmente, las estaciones de Policía no están condicionadas para recluir personas y en este momento hay un hacinamiento del 218 por ciento, ocasionando condiciones infrahumanas de vivienda.
El lote para construir el proyecto tiene un total de 30 hectáreas, está ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, tendrá una capacidad para albergar 1.339 internos divididos en 6 pabellones que cuentan con torres de vigilancia, guardia interna y externa, atención integral, edificio de justicia y salud entre otros, afirmó el funcionario.
Finalmente, concluyó que existen muchas incógnitas en cuanto a la ejecución y financiación de este proyecto, sin dejar de lado la necesidad de darle solución a corto plazo a un problema que afecta notoriamente no solo a la población carcelaria, sino también a toda la ciudad.
