Con el objetivo de garantizar un proceso de contratación transparente, en el marco de los principios propios que rigen la contratación pública como son la moralidad, eficiencia, eficacia, selección objetiva, entre otros, la Alcaldía de Medellín viene evaluando las ofertas y los anexos presentados por las entidades sin ánimo de lucro que quieren participar en los procesos de contratación.

Ante la Fiscalía General de la Nación se instauró una denuncia penal contra la Fundación Carla Cristina, por los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal en la documentación presentada para ser contratista del programa Buen Comienzo durante 2021 y ejecutar recursos cercanos a los $10 mil millones en la respectiva anualidad. 

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, dicha entidad suministró un certificado que no concuerda con la realidad lo cual hace presumir su falsedad, con el que pretendía ingresar a la lista de oferentes como operador del programa, sin tener realmente una certificación de vigilancia y control y por ende no cumplir los requisitos que lo habilitaron como posible adjudicatario. 

En verificación con la Gobernación de Antioquia la Secretaría General del Municipio de Medellín confirmó que el radicado del documento presentado por la Fundación Carla Cristina, con fecha del 22 de enero de 2021, correspondía realmente a un acto administrativo expedido el 14 de febrero de 2019 y que su contenido no estaba relacionado con el contexto actual ni la certificación para la presente anualidad. 

Desde la Secretaría General además pudo confirmarse que la firma del documento correspondía a un servidor público que ya ostenta otro cargo, que la nomenclatura no correspondía con la real y que la Fundación no pudo acceder al certificado porque no anexó la documentación requerida para certificar el manejo de sus finanzas, entre otros requisitos de conformidad con la norma departamental que rige el procedimiento administrativo.  

“Luego de evaluar y verificar que un documento contenga elementos falsos la única decisión que podíamos adoptar era denunciar ante la Fiscalía General de la Nación la posibilidad de que dicha fundación y su representante legal estén incurriendo en unos delitos específicos en el marco de la participación en un proceso de contratación”, explicó el secretario general del Municipio de Medellín Jhonatan Villada.

“Desde el punto de vista financiero queremos asegurarnos que los operadores que están manejando recursos públicos que están destinados a nuestros niños tengan la capacidad financiera para hacerlo, ese es el requisito obligatorio, tener una adecuada capacidad operativa”, señaló la directora de la Unidad Administrativa de Buen Comienzo, Vivian Puerta. 

El personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, destacó la importancia de adelantar este tipo de verificaciones y pidió garantizar la transparencia en el proceso de contratación. “Le pedimos a la administración municipal que haga una revisión estricta de la documentación que se aporte por parte de los oferentes, pero también que no se hiciera exigencias de requisitos que fueran limitantes para que personas que tuvieran la capacidad técnica administrativa y financiera pudieran prestar este servicio a la comunidad”, indicó el personero. 

La fundación Carla Cristina no se ha pronunciado sobre esta denuncia.

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