Estas personas, miembros de una misma familia, extorsionaban a cerca de 200 establecimientos comerciales y a personas en el municipio de Itagüí con lo cual, sumado a otros delitos, obtenían rentas criminales por lo menos de 100 millones de pesos mensuales.

El Gaula de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y con el apoyo de la alcaldía de Itagüí, continúan adelantando procesos de investigación para recolectar material probatorio para la judicialización de integrantes de estructuras multicrimen. Gracias a estas labores, se logra la captura por orden judicial de seis personas de 21 a 34 años de edad y la aprehensión de tres adolescentes, de 15 a 16 años, quienes no solo eran presuntamente integrantes de un grupo criminal, sino también miembros de una misma familia de nacionalidad extranjera, que exigían sumas de dinero de entre 500 mil y 2 millones de pesos para permitir que los ciudadanos continuaran con sus actividades laborales o personales sin causarles daño.

Se logró determinar que los adultos utilizaban a los menores de edad para recibir los dineros de las diferentes extorsiones y les daban indicaciones de lesionar a quienes no hicieran caso, además, los instrumentalizaban para vender sustancias alucinógenas en los diferentes barrios de Itagüí. Estas personas son dejadas a disposición de las autoridades judiciales por los delitos de extorsión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, y hurto calificado y agravado.

En otra diligencia se logró la captura por orden judicial de otras tres personas, quienes se hacían llamar “La garra”, “el flaco” y “valentina”, además de la captura en vía pública por orden judicial de “gafas”, quienes son señalados de ser los encargados de abastecer las plazas de vicio, la venta de estupefacientes y de recibir el dinero de las extorsiones.

Con estas dos operaciones se logró evitar el pago aproximado de 200 millones de pesos mensuales, producto de la extorsión y venta de estupefaciente. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá invita a la comunidad a continuar denunciando estos hechos que ponen en riesgo la integridad física y el patrimonio económico de las personas, en la línea 165.

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