El pacto de gobernabilidad que rige a los promotores de la revocatoria ha sido vulnerado por uno de los miembros que se autoproclama como vocero autócrata, Andrés Felipe Rodríguez (el gury); los choques internos se hacen evidentes con base en una carta que le envió Jorge Alejandro Posada Jaramillo vocero de la Iniciativa Ciudadana MÁS Medellín, la misiva enviada el 24 de febrero de 2021 le hace un fuerte llamado de atención y le prohíbe tomar decisiones de manera independiente sin tener en cuenta a los demás miembros del grupo.
En el comunicado, Jorge Alejandro Posada menciona decisiones que han afectado al comité promotor, una de las más importantes y que perturba directamente la independencia de la iniciativa, es la contratación con la reconocida firma de abogados de Abelardo de la Espriella, -de corte uribista-, aún sin ser necesario según opiniones de los demás miembros del comité, pues su cercanía con el centro democrático hace que su contratación sea innecesaria y promueva una imagen negativa del comité. Otra decisión que se menciona, es la que el mismo Andrés Felipe Rodríguez pasó un presupuesto de lo que sería el coste total de la revocatoria, mil quinientos millones (1.500.000.000), cifra que aún no ha sido justificada y que, en su defecto, es desproporcionada según miembros del comité.
Así entonces, se le suma otra disputa interna a la revocatoria, fuera de la que suscitó el fin de semana entre Yesenia Bedoya Gallego, la encargada del tema jurídico de Más Medellín, quien desautorizó a Julio González Villa, por querer tomar vocería en dicho grupo, todos han desacreditados públicamente.
El tema evidencia una profunda distancia de conceptos, acciones y posiciones muy alejadas entre todos los miembros del comité promotor, y que, demuestran una falta de objetivos claros de una revocatoria con tintes político-económicos, rodeados de grupos políticos que siempre terminan en una sola dirección: el centro democrático.
Para cerrar, no le basta a Andrés Rodríguez pasar un presupuesto no desglosado al comité, y se va a redes sociales a pedir donaciones a sus seguidores con el objetivo de promocionar la revocatoria; pero en vez de eso, viaja a Bogotá para contratar la firma de abogados más costosa del país, hecho que tiene molestos a los demás miembros del comité promotor por afirmar que solicitar recursos de manera independiente a lo que él hace, se puede calificar como iniciativas que promueven estafas.
Por: JCO
