Por: Ximena Patiño Ramírez
De “agazapada” califican los campesinos y campesinas de las vereda Vallecitos, del municipio de Jericó, la intervención de la multinacional Anglogold Ashanti en su territorio, la cual ha pretendido iniciar labores de exploración minera, sin consentimiento de la comunidad, sin garantizar el derecho de acceso a la información, con profundo desconocimiento e irrespeto frente a las prácticas campesinas y el tejido social del territorio, además con una estrategia clara: fragmentar y criminalizar la movilización social.
Por esto, “La defensa de la vida no es un delito” fue una de las premisas que el pasado 22 de julio movilizó una jornada de audiencia pública citada por la multinacional Anglo Gold Ashanti; la comunidad acude a comparecer luego de que está querellara a más de 45 personas por ejercer el derecho a la defensa del territorio y el agua, por medio de la protesta pacífica, en un predio donde la multinacional tiene planeado iniciar la exploración del proyecto minero Quebradona.
¿Quiénes son los querellados? ¿cuáles son las intenciones de los querellantes con esta actuación jurídica? ¿por qué se querella a una comunidad por defender los intereses colectivos y no a la Anglogold por violar los derechos de la comunidad? ¿por qué priman los derechos de un privado sobre un proyecto que es de interés público y nacional.
A la primera pregunta, una sorprendente respuesta: niños y niñas, adolescentes, y adultos mayores hicieron parte de esta lista que la multinacional citó a querella calificando de “perturbadores” y desconociendo estas poblaciones como sujetos de especial protección, además familiares del dueño del predio donde se planea construir la plataforma para la exploración se encuentran incluidos en este listado, ¿quiénes son los demás querellados?, vecinos de años de habitar la vereda o “vivientes de este territorio” en sus palabras.
Es evidente la ruptura del tejido social en una comunidad que reconoce que la multinacional “Nos quieren poner a pelear entre nosotros mismos”, y que utiliza calificativos como “traidor” para referirse al vecino que alquiló su predio a la multinacional. La privatización se logra con la fragmentación de la comunidad, con la creación de enemigos, con el desgaste jurídico de las comunidades campesinas.
Así mismo, la estigmatización al campesinado en los medios de comunicación, el incumplimiento ante el debido proceso, la violación de derechos como el acceso a la información, al buen nombre, a la participación y la protesta pacífica, son algunas de las vulneraciones que ha recibido la comunidad por parte de la multinacional por defender su territorio y rechazar la actuación “agazapada” de la misma.
Todo esto provocó que, en esta jornada de audiencia pública se concluyera que no había condiciones para llegar a una conciliación, ya que los campesinos querellados no tenían acceso completo a la información del caso, podría declararse nulidad por la inclusión de menores de edad en este listado, y no se garantizaría el derecho al debido proceso. Este proceso jurídico continuará y así mismo la defensa del agua y el territorio por parte de una comunidad que lleva más de 10 años en resistencia.
“Para defender el agua no hay fronteras, la lucha es de todos, a dónde lleguemos necesitamos agua”, es la expresión de un hombre campesino, luego de que finalizara la audiencia pública que contó con la presencia y apoyo de organizaciones como: Conciudadanía, Instituto de Capacitación Popular (IPC), Corporación Jurídica Libertad, y de colectivos juveniles del Suroeste antioqueño.
