– Los exfuncionarios habrían omitido precisar que la póliza de estabilidad y calidad de la obra debía contemplar una cobertura de cinco años, a partir de la entrega, y no de tres como quedó establecido.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al alcalde de Concepción, Antioquia, Gustavo Alonso López Orrego, y al exsecretario de Planeación y Obras Públicas, Joaquín Adolfo Gómez Gutiérrez (2015), por presuntas irregularidades presentadas en un contrato de obra por valor de $ 150’413.239, suscrito durante su primer periodo como mandatario local entre 2012 y 2015.
Al parecer, en el proceso contractual adelantado con Convialqui SAS para adecuar las escuelas rurales de Palmichal, Santa Gertrudis y San Pedro Alto, así como el restaurante escolar de la vereda Santa Gertrudis, los implicados habrían omitido precisar que la póliza de estabilidad y calidad de la obra debía contemplar una cobertura de cinco años, a partir de la entrega de la misma, y no de tres como quedó establecido, sin existir un soporte técnico que lo justificara.
En esta etapa procesal el Ministerio Público calificó las faltas de López Orrego y Gómez Gutiérrez como graves cometidas a título de culpa gravísima.
Con esta actuación los disciplinables pudieron poner en riesgo el patrimonio público e incumplir, entre otras, la exigencia legal que establece que los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, con el fin de garantizar la reparación de los daños que se presenten luego de haber sido recibida a satisfacción, y que no se evidenciaron al momento de la entrega.
El ente de control puntualizó que “La importancia de los estudios previos dentro de la contratación estatal, radica en que constituyen una guía o directriz para la correcta celebración y ejecución del negocio jurídico, de ahí que los mismos deben cumplir unos requisitos que puntualicen las condiciones del contrato”.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Rionegro señaló que los sujetos procesales podrán presentar descargos y/o solicitar o aportar las pruebas que consideren necesarias para su defensa.
En cumplimiento de la separación de roles, el expediente se remitirá a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Valle de Aburrá para que adelante el juicio.
