Por: Daniel Grajales – Línea de Investigación Justicia Social, Desarrollo Humano y Neoliberalismo[1]
El pasado sábado 22 de julio de 2023 estaba programada la audiencia pública que pretendía resolver la querella interpuesta por la Minera de Cobre Quebradona S.A.S, uno de los proyectos más ambiciosos de la multinacional AngloGold Ashanti Colombia, contra más de 45 campesinos y campesinas de la vereda Vallecitos en el Municipio de Jericó, Antioquia. Este evento aún irresuelto resulta ser solo un capítulo de la compleja trama de operaciones de AngloGold en el territorio, sin embargo, ha despertado el interés de comunidades campesinas, organizaciones sociales y ambientalistas quienes reconocen además del pleito, la ruptura del tejido social y las intenciones de fondo de la Minera por extender su área de influencia, por medio de prácticas cuestionables que contrarían la voluntad expresa de gran parte de los habitantes.
La querella ha puesto en evidencia los repertorios de intimidación jurídica y cooptación económica implementados por la multinacional para fragmentar el tejido social y generar las condiciones de posibilidad favorables a la extracción de recursos naturales en el territorio. El conflicto en la región se remonta al inicio de actividades de AngloGold en Jericó tras la compra de cinco títulos mineros en 2003 y el posterior anuncio en 2007 del hallazgo de uno de los yacimientos de cobre más grandes del país, que aunque fue socializado de manera amañada, se enfrentó a una fuerte resistencia de amplios sectores de la comunidad que, argumentaron que fracturar la montaña de manera subterránea mediante túneles, causaría daños irreparables a los acuíferos y generaría un hundimiento del terreno que no sólo transformaría el paisaje, sino que modificaría sustancialmente los modos de vida en la región.
Recientemente tras el archivo de algunas licencias producto de informes técnicos que resultaron insuficientes para la ANLA, la minera ha mantenido exploraciones y estudios en zonas ajenas a la proyección inicial, entre ellas la vereda Vallecitos. Como es de público conocimiento, en noviembre de 2022 campesinos y campesinas de la vereda descubrieron a trabajadores de la multinacional minera adecuando terrenos para instalar una plataforma de exploración. Varios elementos alertaron a la comunidad, entre ellos que los trabajadores no llevaban el uniforme, ni la identificación de la empresa, además, según la comunidad estarían ingresando de manera solapada en un transporte diferente al oficial. La multinacional pretendía instalar la plataforma de exploración minera en una zona residencial campesina sin previa autorización ni consulta a la comunidad, omitiendo que se trata de un tema de interés público.
Como era de esperarse, este suceso tuvo respuesta. Campesinos y campesinas, organizaciones socioambientales y colectivos juveniles permanecieron en plantón en el lugar de los hechos para evitar que se adelantaran labores y hacer un llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales, respaldados por el derecho fundamental a la protesta. No obstante, AngloGold Ashanti por medio de su figura Minera Quebradona S.A.S acusó a 45 personas a través de una querella, señalándolas de invadir un predio privado y dañar maquinaria de la empresa, lo que la comunidad argumenta ser falso, toda vez que los daños no se sustentan con pruebas en el expediente de la querella entregado a los querellados.
Tras 6 meses de haberse suspendido la primera audiencia para resolver la querella, en la cual la multinacional no hizo presencia a pesar de ser la querellante, la Inspección de Policía citó nuevamente a comparecer a los implicados en audiencia el sábado 22 de julio a las 9:00 am. Esta última contó con múltiples inconsistencias que provocaron la suspensión por parte del Inspector, quien consideró que no estaban dadas las condiciones mínimas para el debido proceso, muy a pesar de que los abogados de la parte querellante argumentaron que la audiencia debía llevarse a cabo, citando el Artículo 223. Trámite del proceso verbal abreviado del Código de Policía.
Dentro de las irregularidades puede enunciarse que la audiencia inició una hora después debido al retraso de las autoridades. No hubo un lugar adecuado para la audiencia, pues a pesar de que se citó en el lugar de los hechos, el vecino querellante se negó a permitir el ingreso a su predio, obligando a que la audiencia se ejecutara en la carretera; además, el proceso de notificación no fue adecuado, pues se excluyó a una parte considerable de los querellados, se incluyó dentro de la querella a algunos menores edad y a personas que no estuvieron presentes el día de los hechos. Ante la falta de garantías la Inspección se comprometió a citar nuevamente en los próximos días.
De lo anterior pueden sugerirse dos conclusiones. En primer lugar, que el repertorio de AngloGold Ashanti para irrumpir en los territorios incluye la cooptación económica, que puede evidenciarse en el contrato de servidumbre firmado con uno de los vecinos de la comunidad y que hoy día fractura las relaciones entre este y los demás habitantes de la vereda; en segundo lugar, que las acciones jurídicas emprendidas por la multinacional por medio de la querella, a pesar de carecer de fuerza argumental, buscan intimidar a los manifestantes bajo represalias económicas y judiciales.
Ambos elementos se configuran como un ataque directo al tejido social que se construye en los territorios, no obstante, lejos de amedrentar y silenciar las voces discordantes contra la explotación minera, esta querella ha visibilizado y convocado la solidaridad y movilización de la comunidad y de organizaciones sociales y ambientalistas de la región. El llamado es a seguir de cerca este conflicto en el territorio y abrazar a las comunidades que le están haciendo frente, pues el Suroeste antioqueño tiene una larga tradición agrícola que ha sustentado las economías campesinas y configurado la trama de vida de sus habitantes, quienes por décadas se han movilizado en defensa de la vida y el territorio.
Fotos de Imagina Jericó
[1] Este texto se realizó en el marco de las reflexiones del Programa «Territorialidades para la paz con justicia social Fase II” (UNAULA), con código 36-000013 de 2022.
