El Consejo 
de Estado acogió la acción popular interpuesta por estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Sede Amalfi, en contra del municipio de San Roque, Empresas Públicas de San Roque y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare –CORNARE–, a través de la cual se protegieron los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y la conservación de las especies animales y vegetales, así como el derecho a la salubridad pública, dado el funcionamiento inadecuado del relleno sanitario Las Violetas del municipio de San Roque. Esta decisión ratificó en gran medida el fallo conferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia del 31 de octubre de 2019.
En el semestre 2018-1, la primera cohorte de Derecho de la sede mencionada, de acuerdo a los criterios de la práctica Clínica Jurídica en Derecho Público, en el marco de las prácticas del Departamento de Prácticas y Consultorio Jurídico, seleccionó esta problemática para desarrollar su estudio en razón al impacto ambiental y las afectaciones en relación a la salud pública de la comunidad aledaña al relleno.
Los estudiantes que presentaron la acción fueron: Jessica Carvajal Aguirre, Edgar Bedoya Román, Melissa Durango Vélez, Dania Valderrama Mosquera, Jorge Ruiz Castañeda, Cristina Arango Hernández, Sonia Escalante Henao, Xiomara Cortés Preciado, Alexis Parra Jiménez, Doris Jaramillo Velásquez y Gricélida Álvarez Sierra, orientados por la profesora Juliana Pérez Restrepo.
Entre las pretensiones de la acción popular se pueden destacar el cierre del relleno sanitario para recuperar el entorno, la adopción de medidas para el control de emisión de material particulado, olores y plagas, y la reubicación y construcción de un nuevo relleno sanitario cumpliendo los requisitos y exigencias establecidas en la normatividad vigente. De otra parte, y entre otros argumentos, el Consejo de Estado señaló que como consecuencia de la finalización de la vida útil del relleno sanitario era necesario que las entidades demandadas emprendieran un plan de cierre, clausura y post clausura del relleno y procedieran a adelantar las diligencias necesarias para la construcción de uno nuevo.
